Lo peor de Cándido Conde-Pumpido no es que utilice el Estado de derecho en beneficio del Gobierno al que le debe el puesto. Lo peor es que encima trate de pasar por legal. Quien no conociera su trayectoria, podría pensar que se conduce con manifiesto respeto por las cautelas judiciales, al abstenerse de participar en el caso Campeón ahora que llega al Supremo, alegando que es amigo personal de José Blanco.
Según el Estatuto del Ministerio Público, y la Ley Orgánica del Poder Judicial, el fiscal deberá abstenerse cuando se den casos de amistad o enemistad con cualquiera de las partes, so pena de ser recusado. Lo que cabe ahora preguntarse es por qué no se abstuvo desde el principio, y sobre todo por qué sustituyó a la fiscal que inició el caso y dio orden de que se hiciera cargo el fiscal jefe de Lugo. ¿Quizá porque este último era amigo suyo? ¿A qué vienen los escrúpulos de imparcialidad que tiene ahora, justo cuando el asunto llega al Alto Tribunal? Fuentes de la judicatura consultadas por LA GACETA creen que lo coherente hubiera sido que Pumpido se abstuviera al inicio de la causa.
Todo indica que el fiscal general del Estado, tan solícito en defender los intereses del Gobierno, ha pretendido lavar su imagen y alejar cualquier sombra de parcialidad ante el feo cariz que toma el caso Blanco, después de que tanto el fiscal como la jueza hayan apreciado en su actuación indicios de delito penados con cárcel e inhabilitación de cargo público. A semanas escasas de dejar el cargo, Pumpido deja caer a un ministro salpicado por el más grave caso de corrupción del final del zapaterismo. E involuntariamente confirma que el caso Campeón puede ser sólo la punta de un iceberg.
Bien sabía el PSOE lo que hacía cuando, nada más llegar Felipe González a La Moncloa, copó todos los resortes de poder, sin dejarse en el tintero el judicial. La reforma de la ley orgánica, que politizaba el nombramiento de jueces o la conversión del fiscal general en longa manus del Ejecutivo, no sólo implicaban una burla a Montesquieu, sino también abrían una brecha en el Estado de derecho, al supeditar el principio de leglidad al imperio de la arbitrariedad o del interés político. Y la trayectoria de Conde-Pumpido responde casi al pie de la letra a ese guión.
Desde su papel en el mal llamado proceso de paz de ETA –con la célebre alusión de Otegui “¿y esto lo sabe el fiscal general?” cuando le iban a meter en prisión– hasta la forma en que tomó partido por Garzón, pidiendo su absolución en las tres causas que tiene pendientes en el Supremo o los informes del teniente fiscal del Supremo Martín Casallo para salvar la cara a Bono cuando llegaron las querellas al Alto Tribunal.
La penúltima maniobra de Conde-Pumpido consiste en lograr que el no menos sectario Fernández Bermejo no sólo vuelva a la carrera fiscal, sino que acabe siendo fiscal de sala en el Supremo, a pesar de que la orden ministerial de nombramiento está recurrida por la Asociación de Fiscales. El entonces ministro de Justicia cruzó todas las líneas rojas del sectarismo con las cacerías que compartía con Garzón –como reveló ÉPOCA–, o las cenas en las que supuestamente se fraguó la investigación del caso Gürtel junto con el juez estrella y un policía. Y ahora, a Pumpido le da un ataque de imparcialidad y trata de limpiarse de las salpicaduras del escándalo Blanco. Demasiado tarde.
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